"APOCALIPSIS" AUTONÓMICA

Ha sido necesario que el agua de la crisis nos llegara al cuello para que nuestros abnegados gobernantes hayan reconocido los excesos, disfunciones y, en definitiva, el despilfarro que conlleva la estructura político-administrativa que mantenemos en España. 

Ha hecho falta que el déficit y la deuda pública se dispararan hasta el extremo de obligar a cercenar el Estado de Bienestar, para admitir que, de la mano del dinero fácil de los años de esplendor del ladrillo, las administraciones públicas, todas sin excepción, han estado largo tiempo comportándose como vulgares nuevos ricos.

Pese a que el déficit que suman en su conjunto es infinitamente inferior al generado por la Administración central, por lo que sea la mirada se ha vuelto especialmente contra el Estado de las Autonomías, últimamente puesto poco menos que en la picota. 

La percepción seguramente no tiene tanto que ver con lo cuantitativo, que tampoco es despreciable, como con lo cualitativo.

La frivolidad con la que las comunidades autónomas han derrochado dinero público en el pasado -e incluso en el presente- está pasando en estos momentos una elevada factura ante la opinión pública.

No seré yo quien exculpe a las Autonomías de sus múltiples desmadres, pero a fuer de ser ecuánimes, tanto el gobierno central, como los ayuntamientos y las Diputaciones han incurrido, cada cual a su modo, en los mismos vicios.

(Estupendo por cierto que, después de 28 años y tres reformas del Estatuto de Castilla y León, algunos descubran ahora que convendría “repensar” el papel de las Diputaciones).

No contento con atribuir íntegramente a Zapatero la responsabilidad de la crisis económica, José María Aznar ha decidido endosarle también todos los males del Estado de las Autonomías. 

A partir de un informe elaborado por la fundación que preside, FAES, el flamante consejero de Endesa ha llegado a la apocalíptica conclusión de que el gobierno socialista ha conducido al Estado autonómico a una situación insostenible, colocándolo al borde del precipicio. 

El citado informe es demoledor. Constata negro sobre blanco la existencia de “numerosos excesos, duplicidades y desajustes”, la “clonación” de entidades y organismos del Estado “que no reportan mas beneficio que el político” y la proliferación de empresas y organismos públicos que han disparado el numero de funcionarios y empleados de las administraciones autonómicas casi en un 30 por ciento en los últimos cuatro años.

Todo ello es cierto, pero tan responsables son las comunidades gobernadas por el PSOE como las regidas por el PP. 

Por ello resulta un pelín sesgadocargar todo ese desaguisado en el debe de Zapatero.

Olvida Aznar la expansión autonómica registrada en sus ocho años de gobierno, durante el cual se reformaron al alza casi todos los Estatutos y se generalizó el traspaso de la Educación y la Sanidad. 

A aquella etapa se remonta precisamente el origen del principal problema presupuestario que arrastra Castilla y León, que no es otro que el agujero financiero del sistema regional de Salud.

A finales de 2001 Aznar decidió quitarse de encima el INSALUD y en plena Navidad se lo endosó deprisa y corriendo a las comunidades que aún no lo tenían transferido. 

Y la Junta, que lleva diez años sin admitir las competencias de Justicia arguyendo que no están adecuadamente valoradas, aceptó sin rechistar el traspaso del INSALUD. 

Sin rechistar y sin evaluar su coste real ni las inversiones pendientes, 

lo que trajo como resultado la puesta en marcha del SACYL con un déficit estructural que, unido al compulsivo gasto en ladrillo hospitalario, ha originado un pozo sin fondo que desestabiliza gravemente el equilibrio financiero de esta comunidad. 

¿O este agujero sanitario también es culpa de Zapatero?

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 31 de enero)